Ciudades

Ciudades en Costa Rica

San José, Costa Rica

San José, la principal ciudad y capital de Costa Rica, está situada en la meseta central del país. La población de la ciudad en 2002 se estimó oficialmente en 328.293 habitantes y la del área metropolitana en 1.425.484, pero una cuarta parte de la población del país vive en la capital o en sus alrededores. La ciudad fue fundada como Villa Nueva en la década de 1730 y se convirtió en capital en 1823, creciendo sustancialmente en el siglo XIX con el desarrollo de la industria del café.

Revisor de hechos: Hellen

Presidentes

Presidentes en Costa Rica

Algunos Presidentes Destacados de Costa Rica

José Figueres

José Figueres Ferrer (1906-1990), Presidente de Costa Rica 1948-49, 1953-58, 1970-74, fue una figura clave en la democratización de América Latina. En 1948 encabezó un levantamiento contra el Gobierno de Rafael Ángel Calderón. Como presidente del gobierno provisional abolió el ejército y concedió el voto a las mujeres. En 1953, como socialista democrático, fue elegido presidente por una amplia mayoría, pero a diferencia de Jacobo Arbenz en Guatemala se cuidó de no enemistarse con un gobierno de Estados Unidos (de América) fuertemente anticomunista.

Oscar Arias Sánchez

Oscar Arias Sánchez, nacido en 1941, presidente de Costa Rica en 1986-90, fue el presidente más joven de la historia del país. Había estudiado en el extranjero, en la London School of Economics and Political Science, antes de participar activamente en el Partido de Liberación Nacional. Como presidente, tomó la iniciativa de persuadir a sus compatriotas centroamericanos para que tomaran cartas en el asunto y discutieran un plan de paz, conocido como el Plan Arias, para poner fin al conflicto y a la intervención extranjera en Centroamérica. Aunque cualquier acuerdo de paz que no supusiera la caída del Gobierno sandinista en Nicaragua contaba con la fuerte oposición de la Administración Reagan en EE.UU., con el apoyo de México, Colombia, Venezuela y Panamá, el Plan Arias acabó desembocando en el acuerdo de Esquipulas II, y Arias fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su labor.

Revisor de hechos: Hellen

Derecho

Derecho en Costa Rica

Los tribunales y el derecho penal

Los sistemas judiciales de Costa Rica tienen la reputación de ser justos. Su sistema de justicia determina los resultados de cada caso por un solo juez o un panel de jueces. No existe un sistema de jurado en los tribunales costarricenses. Los jueces del Tribunal Supremo son elegidos por la Asamblea Legislativa. A menos que sean expulsados por la Asamblea Legislativa, pueden cumplir mandatos consecutivos de ocho años. Los jueces del Tribunal Supremo eligen a los jueces de los tribunales civiles y penales.

Estructura y Jerarquía

«El Poder Judicial del gobierno costarricense está integrado por la Corte Suprema, los Tribunales de Apelaciones y los Tribunales de Primera Instancia que tienen a su cargo la administración de justicia. Las reglas administrativas para el Poder Judicial están establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. »

«La Corte Suprema está dividida en cuatro divisiones como sigue: La Sala I (Sala Primera) está presidida por siete magistrados y tiene jurisdicción en todos los asuntos civiles y administrativos. La Sala II (Sala Segunda) está presidida por cinco magistrados y tiene jurisdicción de apelación en asuntos civiles, incluyendo el derecho de familia, el derecho sucesorio y el derecho laboral. La Sala III (Sala Tercera) está presidida por cinco magistrados y sólo conoce de recursos penales. La Sala IV (Sala Cuarta) tiene jurisdicción exclusiva sobre todos los asuntos constitucionales».

Entrenamiento y requisitos para ejercer la abogacía:

En Costa Rica existen escuelas de derecho públicas y privadas, que varían según la calidad de la educación. Esta variación en la calidad de la educación se debe a que el Colegio de Abogados de Costa Rica no juega un papel regulador en el currículo escolar. La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica es la única institución pública de derecho. Una vez que se ha completado la educación formal para ejercer la abogacía, uno debe ser admitido como abogado en el Colegio de Abogados de Costa Rica.

Castigo

En 2004 se estimó que Costa Rica albergaba a 176 presos por cada 100.000 de la población nacional. Su población carcelaria total se estimó en 7.616 de los 6,6 millones de personas que ocupan Costa Rica[26]La pena capital está prohibida en Costa Rica y si la persona es sentenciada a prisión, se debe indicar la cantidad de años. Los delitos graves y menores se castigan con una combinación de multas y/o prisión. Aunque los jueces toman las decisiones finales, el castigo está preestablecido en el código penal. El castigo puede variar desde multas, encarcelamiento y arresto domiciliario dependiendo del delito.

En Costa Rica hay por lo menos una cárcel en cada una de las siete provincias y cuatro instituciones correccionales principales (1. Máxima seguridad para los hombres, 2. Máxima seguridad para las mujeres, 3. Institución de menores para los hombres, y 4. Co-Ed). El Ministerio de Justicia tiene autoridad sobre las prisiones y está administrado por el Departamento de Adaptación Social. Hay una proporción típica de un guardia por cada 20 reclusos. «Un recluso también es elegible para solicitar benficio o beneficio después de que el 50% de la sentencia haya sido cumplida. Esto le da derecho a trasladarse a una instalación abierta o semiabierta y a hacer una transición más suave de regreso a la vida civil». Los reclusos pueden participar en terapia de grupo, programas de capacitación, programas educativos y programas vocacionales. Junto con el buen comportamiento, estos programas pueden disminuir su tiempo en la cárcel y ayudar a la transición a la vida fuera de la cárcel. Aunque no se ofrecen muchas actividades recreativas, a cada recluso se le proporcionan visitas familiares, alimentos, atención médica y necesidades religiosas». Las condiciones de las prisiones se consideran generalmente justas y se ajustan a las normas internacionales. Por lo general, los reclusos reciben un trato humano. Los prisioneros están separados por sexo y por nivel de seguridad». Los narcóticos y el uso de drogas son comunes entre la población carcelaria.
La oficina del Defensor del Pueblo investiga cualquier disparidad entre las prisiones y los casos graves se transmiten al fiscal. En agosto de 2000, la Defensoría del Pueblo había recibido dos denuncias de maltrato físico de presos por parte de los guardias y cuatro denuncias de maltrato psicológico, en comparación con seis denuncias de maltrato físico y seis denuncias de maltrato psicológico en todo el año 1999″.

Crímenes castigados con prisión:

Delitos menores= >1 año de prisión
Delitos = 1-25 años de prisión
Homicidio= 15-25 años
Violaciones sexuales de menores= 10-16 años

Crímenes castigados con multas:
Delitos de tráfico
Conducción en estado de ebriedad
Peleas de puños
Amenazas
Crueldad con los animales
Calumnia
Pesca ilegal

Aplicación de la ley

Costa Rica abolió su ejército el 1 de diciembre de 1948 y fue declarado en la Constitución en 1949 bajo el Artículo 12. El presidente de Costa Rica de 1986 reconoció el primer día de diciembre como día de la abolición militar (Ley 8115). Desde entonces, Costa Rica ha cambiado su presupuesto militar para financiar la seguridad, la educación y la cultura. La investigación actual ha encontrado que hay menos de dos tropas activas por cada 1.000 ciudadanos y que menos del 1% de su ganancia interna bruta se destina a las fuerzas armadas. Se puede asumir que se presentaría la solicitud militar si Costa Rica necesitara defensa propia y mantenimiento de la paz y por qué vemos que se considera que Costa Rica tiene reclutamiento (si es necesario). Debido a la abolición del ejército, Costa Rica puede ser clasificada dentro del Modelo de Policía Civil. Este modelo explica la completa separación entre la policía y el ejército.

Personal Jurídico

En 1996 Costa Rica pasó de un sistema descentralizado múltiple y descoordinado a un sistema único más centralizado. El Ministerio de Seguridad Pública consolidó la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural y la Guardia de Fronteras en una sola entidad denominada Fuerza Pública. Operan bajo la autoridad del Ministerio y se encargan de la seguridad terrestre, la aplicación de la ley, la lucha contra los estupefacientes y la patrulla fronteriza. Además de la fuerza pública hay un pequeño grupo llamado Unidad de Intervención Especial. Este grupo no forma parte de la Fuerza Pública, pero participa con la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Dependen directamente del Ministro de la Presidencia. «La cantidad de poder permitida a la policía está limitada por la constitución y el deseo del pueblo de proteger sus derechos. El uso de la fuerza se limita a la cantidad necesaria para tomar el control de una situación; la fuerza mortal se emplea sólo cuando la vida del oficial o la seguridad pública está en juego. Los oficiales normalmente llevan un arma de fuego de calibre.38mm o.45mm. También pueden llevar porras o bastones y esposas. Los oficiales deben tener órdenes de un juez, causa probable, o atrapar a la persona en el acto para poder llevar a cabo un arresto. Sin embargo, hay cierta indulgencia en el uso del término «causa probable». La policía no toma la decisión de ingresar o no a un detenido en el sistema penitenciario. Se limitan a transportar al delincuente y se deja que el juez siga procesando o liberando a la persona. Normalmente no manejan medidas preventivas, pero pueden decidir utilizar enfoques de precaución basados en las circunstancias. Los arrestos rara vez se llevan a cabo sin órdenes oficiales debidamente emitidas. Un oficial puede actuar sobre sus sospechas si cree que pueden ser probadas y entonces la propiedad puede ser inspeccionada libremente. Un registro planificado requiere una orden judicial. Durante el interrogatorio inicial de un sospechoso, la policía puede aconsejar el uso de un abogado si el delito se considera grave. Normalmente, el interrogatorio y la investigación no son realizados por la policía, sino por el Departamento de Justicia. El testimonio prestado por el acusado a la policía no puede ser utilizado como prueba. y como el acusado no es considerado un testigo, no está obligado a declarar bajo juramento». La policía de la Fuerza Pública se ocupa principalmente de la delincuencia y del mantenimiento de la paz entre los ciudadanos. El hecho de que Costa Rica se encuentre entre los países centroamericanos se clasifica como un país con un índice de corrupción de 5-59 entre su personal encargado de hacer cumplir la ley, lo que puede considerarse moderado en comparación con otros países.

Tasas de criminalidad y opinión pública

La región de América Latina (incluido el Caribe) es una de las más violentas del mundo. La región de América Latina tiene el doble de la tasa de homicidios que Estados Unidos. La tasa regional de homicidios en América Latina es de 20 por cada 100.000 personas. Comparativamente dentro de América Latina, la tasa de homicidios en Costa Rica fue de 5,7 por cada 100.000 personas a finales de los años 70 y principios de los 80 y de 4,1 por cada 100.000 a finales de los 80 y principios de los 90. Estas estadísticas, al igual que otras, carecen de precisión debido a muchos factores. Estos factores incluyen tales cosas: El subregistro por parte de las víctimas, la falta de datos sistemáticos de encuestas y las deficiencias de los organismos de estadística que informan sobre la incidencia de la delincuencia y la violencia[49] Algunos de los temas de actualidad en Costa Rica hoy en día son el tráfico y el uso de drogas ilícitas. «país de transbordo de cocaína y heroína de América del Sur; la producción ilícita de cannabis en zonas remotas; el consumo interno de cocaína, en particular de cocaína crack, está aumentando; el consumo significativo de anfetaminas». En la actualidad, Costa Rica se enfrenta al problema de la trata de personas. «Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños traficados con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado; mujeres y niñas de estados vecinos, Rusia, Uzbekistán y Filipinas son traficadas al país con fines de explotación sexual; Costa Rica también sirve como punto de tránsito para las víctimas traficadas hacia América del Norte y Europa; el gobierno identifica el turismo sexual infantil como un problema grave; hombres, mujeres y niños también son traficados dentro del país con fines de trabajo forzado en la pesca y en la construcción, así como como como como empleados domésticos. Costa Rica está en la lista de vigilancia de Nivel 2 por su inadecuada participación gubernamental en la trata de personas, aunque las autoridades costarricenses han reconocido que se trata de un problema grave.

Estadísticas de delitos típicos (2002-2003):

Robos de coches: 4,385 por 100,000
Agresiones: 2.284 por cada 100.000
Delitos de drogas: 1,099 por 100,000
Fraudes: 1,849 por 100,000
Secuestros: 16 secuestros
Homicidio involuntario: 552 por 100,000
Asesinatos: 254 por 100.000
Violaciones: 633 por 100,000
Robos: 19,293 por 100,000
Total de delitos = 40.263
Total de delitos (per capita) = 11,9788 por cada 1.000 personas

Derecho de Familia

Después de investigar el derecho de familia, parecía como si las mujeres, los hombres y los niños tuvieran los mismos derechos a la propiedad, a la atención médica, a la educación, etc. Aunque esta información es variable a la falta de recursos disponibles, es evidente que Costa Rica tiene una sociedad igualitaria para sus ciudadanos comparable a la de Estados Unidos.

Matrimonio:

Un matrimonio civil en Costa Rica puede ser realizado por un notario público, pero se requiere cierta documentación. Los novios deben presentar un certificado de nacimiento, un certificado de estado civil vigente (esto se puede lograr mediante una declaración jurada) y una copia de la página con la fotografía de sus pasaportes. En la ceremonia propiamente dicha, los novios deberán presentar dos testigos que no sean familiares. Después de que se presente toda la documentación y se fije la fecha de la boda, el notario público oficializará el matrimonio en la ceremonia. Después de que el matrimonio es oficial, el Registro Civil de Costa Rica procesará la documentación. Este proceso usualmente toma de tres a cuatro meses para ser registrado y se emitirá un Certificado de Matrimonio. Esta es la prueba oficial de que el matrimonio está registrado.

Divorcio:

Teniendo una fuerte influencia en el catolicismo, el procedimiento de divorcio en Costa Rica es muy diferente al de los Estados Unidos. El primer paso en el procedimiento sería encontrar un abogado que entienda el procedimiento de divorcio en Centroamérica. Si usted es ciudadano de Costa Rica o está casado con un costarricense, entonces debe seguir las leyes de divorcio de Costa Rica. Bajo la ley costarricense, el procedimiento de divorcio es bastante largo comparado con algunos países – una pareja debe esperar tres años para obtener el divorcio. El matrimonio como el divorcio se está tomando muy en serio en el país y se espera que una pareja permanezca casada durante tres años antes de obtener el divorcio. En casos de divorcio, el gobierno de Costa Rica es muy sensible a los niños. Si los hijos nacieron en el país y después del divorcio uno de los padres decide abandonar el país, deben pagar la manutención de los hijos y otros fondos antes de abandonar el país. El gobierno no le permitirá salir del país a menos que toda la ayuda sea pagada y pueda ser pagada por trece meses por adelantado. Las mujeres en este país suelen ser favorecidas en el ámbito del divorcio y, en los casos domésticos, es muy probable que las mujeres prevalezcan sobre los hombres.

Adopción:

En Costa Rica hay dos fuerzas que regulan la adopción. El Convenio de La Haya es una convención internacional de los países participantes que garantiza el interés superior y la seguridad del niño durante todo el proceso de adopción. También existe el PANI, que es la institución interna de Costa Rica que regula el bienestar de la infancia. En este país no permitirán ninguna adopción privada directa y no hay excepciones a esta regla. Todas las adopciones son examinadas y reguladas por el PANI, y los niños menores de cinco años de edad (a menos que tengan relación con un hermano adoptado) no deben ser adoptados. Los requisitos establecidos por el PANI son muy estrictos y deben cumplirse antes de que pueda tener lugar la adopción.

Herencia:

«El Código Civil de Costa Rica establece los requisitos para redactar un testamento válido en Costa Rica. Si el testamento se redacta de acuerdo con las formalidades legales requeridas, entonces dirigirá la disposición de los bienes de una persona en el momento de su muerte. La forma más común de testamento en Costa Rica es el testamento notarial. Este testamento notarial debe ser redactado en español y generalmente es redactado por su abogado y debe ser firmado en presencia del notario público y por lo menos de 3 testigos. Si usted no lee en español, entonces el testamento también debe ser firmado por al menos otros 2 testigos que puedan traducir el testamento por usted. Un testamento también puede ser ejecutado sin un notario público si es escrito a mano por el testador y atestiguado por al menos 4 testigos. Si no está escrito a mano por el testador, entonces 6 testigos deben dar fe del testamento. »

Derechos Humanos

Los derechos fundamentales que están protegidos por el sistema legal incluyen:

Privación arbitraria o ilegal de la vida
Desaparición
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Arresto o detención arbitraria
Negación de un juicio público justo
Interferencia arbitraria con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia
Libertad de expresión y de prensa
Libertad de reunión y asociación pacíficas
Libertad de Religión
Libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación
El derecho de asociación
El derecho a organizarse y a negociar colectivamente
Prohibición del trabajo forzado u obligatorio
Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para el empleo
Condiciones Aceptables de Trabajo

Desigualdad Social

«Aunque el gobierno generalmente respetaba los derechos humanos de sus ciudadanos, se reportaron los siguientes problemas de derechos humanos: hacinamiento en las prisiones en ciertas instalaciones; servicios médicos inadecuados en las prisiones en general; retrasos sustanciales en los procesos judiciales, particularmente en la detención preventiva y en los casos civiles y laborales; leyes anticuadas contra la difamación y penas excesivas por violaciones; violencia doméstica contra las mujeres y los niños; prostitución infantil; y trabajo infantil».

Autor: Henry

Exequátur

Exequátur en Costa Rica

El exequátur, es un proceso de carácter sumario de reconocimiento y
autorización, cuyo propósito es introducir en determinado ordenamiento, para su
respectiva tutela, eficacia, coercitividad y ejecución, uno o varios pronunciamientos
dictados por una autoridad jurisdiccional extranjera o por un tribunal arbitral foráneo
que entrañan la condición de ser ejecutorios. En otros términos, es el trámite que se
prevé en los Tratados y Convenios Internacionales, en los Códigos Procesales Civiles,
o en la legislación vigente de cada estado donde deban ejecutarse, para admitir
judicialmente la fuerza ejecutoria de esos pronunciamientos.

Estos procesos corresponden al campo del Derecho Internacional Privado,
cuya función primordial es atender y dar solución a los conflictos que trascienden las
fronteras de cada estado. Tienen su sentido y razón de ser, ante la necesidad de
brindar solución a las controversias que surgen entre sujetos de distintas o iguales
nacionalidades, quienes acuden o se someten a la autoridad de un determinado
órgano jurisdiccional o arbitral, en procura de que les decida sus diferendos. Es
entonces que surgen los denominados conflictos de leyes en el espacio que cobija la
aludida rama del Derecho, los cuales se suscitan por la concurrencia de normas de
diverso contenido que en definitiva habrán de aplicarse para decidir un determinado
asunto. Unas lo serán del derecho interno y otras de un país extranjero. Es una
realidad que, los sujetos de las relaciones jurídicas se separan o ausentan del
territorio jurisdiccional de dicho órgano y las consecuencias de sus
pronunciamientos, si bien ahí les alcanza lugares o países donde se trasladan no, pues incluso hasta se ignora la solución decretada, sino es hasta que se intenta su homologación. Asimismo, se dan los casos
en que sus efectos se salen del ámbito estatal en que está asentado dicho órgano,
sea que se producen hacia fuera, incluyendo su ejecución forzosa, como el caso del
fallo que resuelve el contradictorio suscitado por la celebración de un contrato en un
país extranjero para verificar su eficacia en otros territorios y, de ahí, la necesidad de
crear los mecanismos-procesos que faciliten tal ejecución. Es entonces, que los
estados no pueden desentenderse de esas problemáticas, e ignorar que, al amparo
de las leyes extranjeras se constituyen relaciones cuyos efectos pueden trascender
extraterritorialmente, las cuales, en tesis de principio, deben regirse por la legislación
del país emisor, pues tampoco podría imponerse a un estado la obligación de aplicar
leyes que estén en conflicto con el orden público interno.

En cuanto al cumplimiento de los relacionados pronunciamientos, el problema
estriba en la forma como habrán de ejecutarse, habida cuenta de que, por el
principio de territorialidad que dimana de la función jurisdiccional de cada estado,
aquellos sólo serían eficaces en el territorio del órgano que lo emitió. En ello se ha de
tener en cuenta que la ley extranjera ya fue aplicada en la decisión del diferendo
concreto, de manera que, no se está en el caso de aplicar directamente tal
normativa. Sin embargo, los deberes y compromisos que surgen del interactuar
internacional, cuanto los principios de seguridad y certeza jurídica, mueven en
muchas ocasiones, a aplicar la ley foránea y también a posibilitar el cumplimiento de
aquellos dictados, sin perjuicio de la función jurisdiccional que soberanamente cada
estado está llamado a ejercitar. Para ello fueron creados estos procesos de
exequátur. No obstante, habrán soluciones a controversias que, por su naturaleza, y
conforme al ordenamiento interno del estado que la tutela, no requieren de que un
órgano jurisdiccional o un tribunal arbitral se ocupen de dictarlas (la aprobación del
divorcio en Japón o, el sucesorio en sede notarial que adelante se mencionarán),
para impregnarlas de la coercitividad y el carácter de ser ejecutorios. Ello así, porque
cada estado soberanamente dicta sus propias reglas de convivencia. Pero, si tal
forma de solución trasciende sus fronteras, y la misma necesariamente deberá de
ejecutarse en otro estado, en el que para la solución de conflictos similares, sí se
requiere que sean emanados por los órganos jurisdiccionales o por los tribunales
arbitrales autorizados, entonces se estará en presencia de un conflicto al parecer
insolucionable por cuanto aquella manera de solución rosa o quebranta el orden
interno del país donde deba ejecutarse. El proceso de exequátur debería de disipar
los inconvenientes o diferencias que acarrean las soluciones así dadas por los
estados relacionados. Lo anterior por ser el más apto y estar previsto con esa
finalidad, pero es claro que no siempre logra sus objetivos cuando median
diferencias como las referidas entre un estado y otro al brindar solución a conflictos
similares. La regulación de esta forma de procesos –aun insuficiente en el
ordenamiento patrio- no debe interpretarse en forma restringida, sino
ampliativamente, de forma que posibilite la solución que con ellos se pretende.

De conformidad con el ordinal 705 del Código Procesal Civil, tales pueden
tratarse de sentencias, autos con carácter de sentencias y laudos arbitrales; mientras
que, por el numeral 706 ibídem, pueden tratarse de simples autos por los que se
ordenan evacuar probanzas, llevar a cabo determinadas actuaciones como
embargos, citaciones, notificaciones, recepción de prueba testimonial o confesional,
etc. En el primero de los casos, quien suscribe los denomina “exequátur de gestión
por parte de interesado”; y, en el segundo, se trata de cartas rogatorias que remiten
las autoridades extranjeras solicitando de las patrias, llevar a cabo ciertas
actuaciones y, para ello expiden el correspondiente exhorto, que han de
acompañarse de la documentación pertinente y debidamente legalizada, y hacerla
llegar a la Sala por los medios diplomáticos que al efecto se estilan (más adelante se
detallaran los detalles de esta forma de exequátur).

De la relación que surge del numeral 54, inciso 2) de La Ley Orgánica del
Poder Judicial, con el artículo 707 del Código Procesal Civil, se colige la exclusividad
que el legislador patrio asignó a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para
conocer de dichos procesos.

Exequátur de Gestión por parte de Interesado

Exequátur de Gestión por parte de Interesado en Costa Rica

El “exequátur de gestión por parte de interesado”, en un porcentaje muy
elevado, está circunscrito al ámbito del Derecho de Familia, por no decir que casi con
exclusividad. Ello se debe a que los conflictos familiares siguen a sus protagonistas
donde quiera que éstos vayan y, por la necesidad de ocuparse en la solución
oportuna de los mismos, es que los sujetos de tales relaciones acuden a los órganos
foráneos de los países donde se encuentran, en procura de esas soluciones.

Estos sumarios, atienden entonces, los conflictos que surgen en el seno de las familias y se
puede afirmar que alrededor del 95% de los casos, es de divorcios que se pretenden
homologar o hacer valer en Costa Rica, y registrarse al margen de los respectivos
asientos matrimoniales en el Registro Civil donde constan inscritos o no (a veces sólo
se pretende la inscripción del divorcio en el Partido Especial que al efecto lleva el
citado Registro, por no constar inscrito en el país el matrimonio, y ello sólo con el
propósito de registrar la certeza obtenida concerniente a la libertad de estado que
asiste ahora al interesado). El 5% restante, lo ocupan los exequátur de adopción,
por reclamos de patria potestad y custodia o guarda crianza y educación de
menores, de pago de cuotas alimentarias, e investigaciones de paternidad; cuanto
los que se salen de la aludida rama del Derecho y trasciende al del Civil, como serían
los casos de sucesiones y los que se promueven para reclamar una acreencia o
afectan el derecho de crédito lesionado.

Se interponen directamente por los interesados o sus apoderados, mediante
escrito autenticado por Abogado. Se presentan directamente ante la Sala Primera de
la Corte o en la recepción de documentos que al efecto ha instalado la Secretaría
General de la Corte en el vestíbulo del Edificio de la Corte. El escrito, por estar
dirigido a uno de los más altos tribunales de la República, debe, en la medida de lo
posible, estar redactado en debida forma (buena impresión, ser coherente, sin faltas
de ortografía y sellado por el abogado director). En él se ha de Indicar, además, las
calidades actuales, cuanto números de cédulas o pasaportes y domicilios de los
oponentes o gestionantes (de conocerse) con sus nacionalidades si ostentan otra diferente a la costarricense. También, debe indicar con meridiana claridad “que
pretende la homologación de la sentencia o pronunciamiento que adjunta y fuera
dictado en debida forma por el órgano extranjero (nombrar el Despacho), el cual es
ejecutorio en el país de dicha autoridad”, y hacerse acompañar de la respectiva
documentación atinente a su solicitud, concretamente, de la correspondiente
ejecutoria debidamente legalizada, de su traducción oficial, si es que la misma está
redactada en idioma distinto del español, de las certificaciones, -tratándose de
divorcios- de matrimonio y de nacimiento de menores, si es que en tales procesos
media el interés de los mismos, razón por la cual se tendría que tener como parte
interesada al Patronato Nacional de la Infancia. Igualmente, el aludido memorial
debe reseñar los hechos que justifican o dan sustento a la aludida pretensión, cuanto
el elenco probatorio que le asiste. La enumeración de tales hechos es
preferiblemente que se consigne en orden cronológico, a saber:

1) indicar la fecha y lugar de la celebración del matrimonio, y las citas en que quedó registrado el
respectivo asiento (aportar la certificación), 2) mención de la existente o no de
menores hijos interesados en el asunto y de la existencia o no de bienes gananciales
por distribuir (aportar las respectivas certificaciones), 3) señalar cual fue la causal del
ordenamiento patrio que podría asimilarse a la que el tribunal extranjero estimó para
decretar el rompimiento del vínculo, reseñando con claridad, el nombre del tribunal y
la fecha del fallo, refiriendo cual de los cónyuges fue el que acudió a aquél o si fue
que ambos comparecieron conjuntamente (sustentar éste en la ejecutoria y su
traducción), 4) referir cualquier otra circunstancia pertinente, como podría ser el desconocimiento del lugar en que se encuentra la contraparte, respaldándose con la
certificación del movimiento migratorio que se le registra en la Dirección General de
Migración y Extranjería del Ministerio de Seguridad Pública, cuanto de la
correspondiente certificación emanada del Registro de Personas del Registro
Nacional que dé cuenta de la existencia o no de algún apoderado inscrito a dicha
parte, por lo que se ha de solicitar la nominación de un curador ad-litem por estarse
en el caso del artículo 262 del Código Procesal Civil y, 5) advertir del cumplimiento
de todos los requisitos que prevé el artículo 705 supra. En el aparte de
“notificaciones” el promovente habrá de indicar con exactitud el domicilio o lugar
donde puede ser habida la parte contraria con la finalidad de facilitar la notificación
del auto que le concede la audiencia inicial, y hacer un señalamiento de lugar o
medio para atender las futuras notificaciones.
Presentado el exequátur, corresponde enseguida, revisar el cumplimiento de
los requisitos que prevé el aludido ordinal. Así, se examina inicialmente el
cumplimiento de la formalidad prevista en el inciso 1), sea que el pronunciamiento a
homologar esté debidamente expedido y autenticado, es decir, legalizado en sus
firmas por parte del cónsul costarricense en el país de su dictado, y por el o la oficial
de autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que la firma del citado
diplomático es auténtica. Venir con su traducción de no haber sido redactada en
español, la cual ha de ser certificada por el traductor. Es preferible que ésta se
practique siempre por uno oficial, pero, en su defecto, ello no es óbice para cursar
las diligencias y, en el tanto alguno de los sujetos de la relación cuestione la fidelidad
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y acerto de ésta, de inmediato se ordenará practicar una por un traductor oficial a
costa de la parte que la presentó. Luego, se ha de examinar si el fallo a homologar
es o no contrario al ordenamiento público patrio (inciso 6)) y que la pretensión no
sea de exclusiva competencia de los tribunales costarricenses (inciso 3)).
Se debe advertir que, la Sala no tiene competencia para reabrir la discusión y
volver a lo decidido por parte del tribunal extranjero, pero sí debe en lo posible
actuar de oficio. Asimismo, para los efectos de dar el trámite que corresponde a esta
forma de exequátur, muchas veces los “interesados o gestionantes”, no informan del
cumplimiento de cada uno de los subsiguientes requisitos que se enlistan hasta el
inciso 6) del citado ordinal. No obstante, tampoco ello es óbice para autorizar el
curso a las diligencias, y basta con que se cumplan los contenidos en los incisos 1),
6) y 3), pues el cumplimiento de los demás -(los previstos en los incisos 4), 5) y 2)),
que en su orden aluden a la inexistencia en Costa Rica de un proceso en trámite, ni
una sentencia ejecutoriada por un tribunal costarricense que produzca el efecto de la
cosa juzgada; que sean ejecutorios en el país de origen; y que el demandado
hubiere sido emplazado, representado o declarado rebelde, con arreglo al país de
origen, y que hubiere sido notificado legalmente de la sentencia, auto con carácter
de sentencia o laudo-, perfectamente pueden ser constatados o suplidos con
posterioridad y en el decursar de las diligencias. Ello podría suceder, luego de
conferida la audiencia de diez días que el artículo 707 del Código Procesal Civil prevé
conceder a la contraria, quien en su respuesta podrá advertir del incumplimiento de
alguno de dichos requisitos o mencionar cualquier omisión o defecto. Caso contrario,
será en el fallo que emita la Sala, donde se examinará el cumplimiento cabal de cada
uno de dichos requisitos y, de haber resistencia, conforme a las respectivas
alegaciones que se expresen, se ponderará la bondad o no de la homologación
requerida.

Si fuera el caso de dar el curso a las diligencias, se concede la audiencia a la
contraria. De figurar como parte el Patronato Nacional de la Infancia y la
Procuraduría General de la República, se requiere que de la solicitud y de la
documentación que se acompaña a la misma, se adjunten tres juegos de copias a los
efectos de notificar a dichas instituciones como a la parte demandada, si es que esta
es una única persona, pues de ser varias, se han de presentar tantos juegos de
copias como número de personas sea el que conforme tal parte. A dichos entes la
audiencia se reduce a tres días. Cuando el demandado (a) reside fuera de Costa
Rica, y se conoce con exactitud su dirección, lo procedente es disponer desde el
mismo auto inicial, su notificación mediante atento exhorto que expedirá la
Presidencia de la Sala, por conducto de la Secretaría General de la Corte Suprema
de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consulado General de Costa
Rica, o al de alguna nación amiga, en la ciudad más cercana a dicha dirección. Este
exhorto conforme a lo previsto en los ordinales 180 y 187 del Código Procesal Civil,
cuanto el 41 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, solo lo puede expedir la
señora Presidenta de la Sala, al cual se le adjunta siempre un instructivo de la forma
como el ordenamiento patrio prevé como han de practicarse las notificaciones. Ello
por cuanto muchos de los cónsules ignoran las formalidades legales que deben
cumplir al diligenciarlos.

Los señores así comisionados, al menos los nacionales, y en
el tanto el asunto se contraiga al Derecho de Familia, no podrán conforme a la
doctrina del ordinal 6 del respectivo Código, devengar honorarios por el
cumplimiento encomendado, pero si tienen derecho a que la parte les cubra los
costos en que incurren (pasajes, costo de la gasolina consumida, gastos alimenticios
y de habitación que en el viaje de diligenciamiento incurra). El interesado deberá
comunicarse por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores o directamente
con el cónsul, para ponerse de acuerdo en la forma como le suplirá los aludidos
gastos.

Exequátur de Divorcio

Exequátur de Divorcio en Costa Rica

En el caso de los exequátur de divorcio, el expediente se arma, acomodando
siempre la certificación del asiento matrimonial junto a la ejecutoria en idioma
extranjero y en seguida su traducción. Ello con el propósito de que, de estimarse la
homologación solicitada, estén seguidos los folios de las piezas que interesan y
conformarán la respectiva ejecutoria y, que al momento de expedirla para su presentación al Registro Civil, no se integre a ésta piezas que por demás no conducen a ningún objetivo registral. De existir menores interesados en el asunto las certificaciones de sus nacimientos se acomodan inmediatamente antes de la del
matrimonio. Los poderes generales o especiales se agregan antes de los escritos
iniciales o del apersonamiento de la parte que lo otorga y, la razón de recibido debe
consignarse luego de este memorial. Enseguida va una hoja rotulada “copias” que
precisamente marca el límite hasta donde culmina la foliatura útil, la cual se ha de
enumerar cuidadosamente cada vez que el expediente lo requiera y, posterior a ella,
se adjuntan sólo los juegos de copias que servirán para notificar a cuantos sujetos
pasivos se tengan en el asunto, como a los demás intervinientes si los hubiere.

De ignorar la parte promovente el domicilio o lugar dónde puede ser habida
su contraparte, ha de gestionar la nominación de un curador ad-litem para aquélla,
en los términos previstos por el ordinal 262 del Código Procesal Civil. En esa
situación, y como ya sea necesario el ofrecimiento de los testigos, a éstos se les recibirá sus testimonios apud
acta en la Sala sin señalamiento de hora y fecha, cuando las ocupaciones del
Despacho lo permitan.

Con la finalidad de obtener dichas certificaciones el promovente debe consignar claramente, en las respectivas solicitudes que habrá de presentar en los entes que las expiden, el número de cédula o pasaporte que
identifica a su contraparte y, en la concerniente al movimiento migratorio, se debe
tener cuidado de informar al ente, que el sujeto en cuestión, alguna vez ingresó al
país, pero que lo abandonó en aproximadamente x fecha. Lo anterior con el
propósito de que si se constata que el o la demandada salieron del país, se evite la
recepción de la prueba testimonial. Cumplido con lo anterior, se procede a dar
audiencia por tres días a la Procuraduría General de la República acerca de la
solicitud de designación del curador. Transcurrido el plazo de tal audiencia, habiendo
contestación o no por parte del referido ente, se procede a designar al curador (a),
por riguroso turno y del listado que al efecto ha levantado la Dirección Ejecutiva del
Poder Judicial, y a prevenir a éste (a), en su anuencia de aceptar y jurar el cargo,
hacerlo mediante escrito o apud acta en el plazo de tres días, y a la parte
promovente, dentro de igual plazo, efectuar en la cuenta de la Sala Primera de la
Corte en el Banco de Costa Rica Nº 001-0067784-1, el depósito de los honorarios de
aquél (la), que en la actualidad se estila fijar en quince mil colones, indicando con
claridad y precisión el número único que se asignó al expediente, las partes en él
involucradas y el concepto del depósito (honorarios de curador). Aceptado el cargo
por el nominado (a), se procede a conferirle audiencia por tres días y se dispone la
publicación de un edicto que se ha de publicar por única vez en el Boletín Judicial
con el objeto de notificar al ausente la petición y la resolución que da la audiencia
inicial. Comprobada la publicación de éste y recibida la respuesta por parte del
curador (a), y transcurridos los plazos dados, los autos quedan listos para el dictado
del fallo que se pretende. Tales trámites se deben de cumplir en cualquier exequátur
en el tanto se ignore el paradero o domicilio del demandado (a).

Dictado el fallo homologatorio, ha de esperarse a que el mismo alcance
firmeza para expedir la ejecutoria respectiva y, de corresponder el mismo al ámbito
del derecho de familia, no habría necesidad de cancelar en aquella arancel o timbre
alguno, conforme así lo que prevé el ordinal 6 del Código de Familia. La citada
condición se produce con el transcurso de tres días luego de efectuada la notificación
de la sentencia. Pero, si fue necesaria la intervención de un curador (a), se debe
disponer desde el propio fallo la publicación nuevamente en el Boletín Judicial de su
parte dispositiva. En la redacción de este último edicto se consigna el encabezado del
fallo y dicha parte resolutiva e igualmente se publica por única vez. Como la
notificación queda efectuada tres días luego de tal publicación, se ha de tener
cuidado de expedir la ejecutoria cuando el mismo alcance firmeza, sea al sétimo día
hábil desde su publicación. Al efecto, el interesado previa solicitud de expedición
apud acta o por escrito, deberá comprobar con una fotocopia del Boletín Judicial que
efectuó la publicación del edicto. La ejecutoria la confecciona el respectivo
escribiente, y la firma cualquiera de los funcionarios de la Sala que la ley autoriza
(Secretario (a) o los Asistentes Judiciales) y, como se mencionó antes, comprende
las fotocopias de la certificación matrimonial, de la ejecutoria y su traducción si la
hubiere y de las que comprenden el fallo homologatorio de esta Sala. Cuando se
requiera remitir alguna al Registro Público de la Propiedad, por definirse en el fallo
aspectos patrimoniales o gananciales, también se acompañan las fotocopias de las
certificaciones atinentes a los bienes en cuestión, y, a este documento se le debe
adicionar la respectiva boleta de seguridad de esta Sala, que por cierto, su talonario
lo custodia la Secretaría de la Sala, la cual debe ir rubricada por cualquiera de los
funcionarios que la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza (los antes referidos) y
sellada con el correspondiente sello de esta Sala.

Igualmente, luego de la firmeza del fallo, corresponde, en el tanto se haya
ocupado la intervención de un curador (a), disponer, de oficio o por la solicitud
expresa de tal auxiliar, sea ésta verbal o por escrito, el giro de los respectivos
honorarios, declarando firme la resolución que al efecto se dicte y procediendo de
inmediato a confeccionar la orden de giro que habrá de dispensarse para ante el
Departamento Contable del Poder Judicial.

Para el dictado de la sentencia, sea estimatoria o no, siempre se ha de
estructurar su proyecto, en la forma que se estila, iniciándolo con la indicación del
número único del expediente, seguido del número de voto y del respectivo
encabezado (Nombre de la Sala, hora y fecha del voto, clase de exequátur,
indicación de las partes con sus calidades, nacionalidades, números de cédula o
pasaporte y domicilios; asimismo, de sus apoderados si los tuvieren, de la
intervención del curador (a), si es que hubo necesidad de nombrar alguno, y de los
entes que se han tenido como partes). Enseguida, se estructura el “Resultando”,
que por lo general se subdivide en tres o cuatro apartes, nominados con números
arábigos. En el 1) se ha de indicar la fecha de presentación del memorial inicial. Si
éste se presenta conjuntamente por ambas partes o solo por una, con el objeto de
que se conceda el exequátur a la sentencia que se acompaña. Se debe indicar
cuando fue dictada y el nombre del Tribunal que la dictó. Si fuera de divorcio
mencionar que declaró disuelto el matrimonio celebrado entre tales partes el día en
que se efectuó y que se inscribió en el Registro de Matrimonios de la respectiva
provincia al tomo, folio y asiento que indica la certificación. En el 2) mencionar que
conforme a lo ordenado por el artículo 707 del Código Procesal Civil, se dio curso a la
gestión mediante auto de las (indicar hora y fecha) confiriendo las audiencias
respectivas tanto al demandado cuanto a los entes que han sido necesarios tener
como parte. Advertir si las contestaron o no. Si se requirió de la designación de un
curador (a) hay que mencionar, luego de la indicación de la hora y fecha del auto
que otorga la audiencia al demandado, que a éste por ignorarse su domicilio y no
tener apoderado en el país, se procedió, con intervención de la Procuraduría General
de la República a nombrarle curador (a) y que al propio tiempo se le notificó por
edicto la referida resolución, lo cual se efectuó en el Boletín Judicial (indicar número
y fecha de tal diario). En el 3) se hace referencia a la actitud del curador (a), con un
resumen de su alegación, la cual puede ser positiva o negativa a los efectos de la
concesión de la homologación pretendida. Y, en el 4) se hace la mención de la
observancia que se ha tenido en los autos de las prescripciones de ley. En la mayoría
de los casos, este aparte es el 3), pues no siempre se actúa con el auxilio del
curador (a).

Concluido el “Resultando”, se prosigue con los respectivos apartes de la parte
considerativa o “Considerando”, los cuales se estilan consignar en números romanos.
En el I.- se reafirma la indicación de que la documentación aportada está
debidamente legalizada y autenticada y, con su sustento se han de tener por
demostrados los hechos siguientes. Se continúa con la enumeración arábiga de tales
hechos. De tratarse de un exequátur de divorcio, en el 1) de nuevo se hace mención
de la celebración del matrimonio con indicación de la provincia y del tomo, folio y
asiento en que quedó registrado. Se debe indicar entre paréntesis el folio en que
figura tal probanza y si es del Registro Civil o notarial. En el 2) hay que reseñar el
nombre del Tribunal que decretó el divorcio y el día en que lo hizo, de ser posible,
porque así consta en el fallo, la causal por la que se fundó, el nombre del cónyuge
que acudió al mismo en procura de tal decisión, o si comparecieron conjuntamente.
También se debe indicar entre paréntesis el número del folio o folios en que consta
la ejecutoria y su traducción, si la hay. El 3) podría aludir a la existencia de menores
o bienes gananciales por distribuir, refiriendo entre paréntesis la foliatura en que
figuran visibles las certificaciones comprobatorias. En el considerando II.- se
consigna los hechos indemostrados si los hay, pues en su defecto, se utiliza para
examinar la situación de fondo, la cual ineludiblemente deberá referirse a la
presencia o similitud de la causal, -si se tratara de divorcio-, y hacer referencia de la
semejanza con la contenida en el ordenamiento nacional. Cuando hay oposición, o
porque el caso lo amerita, es oportuno hacer referencia a argumentaciones que bien
podrían dar mérito a la oposición esgrimida, o bien, a reafirmar la presencia de
circunstancias que presentes en el proceso, justifican una denegación a la
homologación solicitada. En caso contrario, lo que corresponde es denegar la
oposición y acceder al otorgamiento del exequátur.

En el considerando III.- se hace alusión a que por las razones expuestas, y no ser el caso de denegar la solicitud, se debe reafirmar la inexistencia de ninguna de las otras prohibiciones o requisitos que
prevé el supra artículo 705 y por ende el exequátur debe otorgarse con arreglo al
subsiguiente ordinal 707 y los correspondientes de los otros cuerpos normativos que
sean necesarios mencionar y regulan el caso. Aquí se dispone la publicación del
edicto de haberse requerido la intervención del curador (a). En ocasiones se requiere
la necesaria redacción de más “considerandos”, con el objeto de responder a las
argumentaciones de las partes y a las exigencias del caso. Terminada la parte
considerativa se concluye con la dispositiva o resolutiva, en la que sucintamente se
concede o deniega el exequátur y de accederse al mismo se autoriza al interesado
(a), para que con certificación de la ejecutoria y del fallo gestione lo que corresponda
ante el Registro o Registros que sean necesarios. Si se actuó con la intervención de
curador (a) se reafirma la publicación del respectivo edicto. Enseguida se concluye
con las firmas de los Magistrados que votaron el asunto.

Procede ahora, hacer especial mención a dos casos particulares, en los que la
Sala accedió a la homologación pretendida, pese a que los pronunciamientos no
dimanaron de órganos jurisdiccionales o de un tribunal arbitral. El primero es el que
concierne a una declaratoria de herederos y adjudicación de bienes que no se ventiló
en tribunal alguno, sino en sede notarial. Entonces, y en lo que interesa destacar, se
estimo que “el exequátur resulta procedente habida cuenta de que nuestro Código
Notarial -al igual que la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de
otras Diligencias de El Salvador-, contempla en sus ordinales 129 y 133,
respectivamente y en lo pertinente que: “… Los notarios públicos podrán tramitar
sucesiones testamentarias y ab intestato, adopciones, ….“ y “… Para todos los
efectos legales, las actuaciones de los notarios en los asuntos de su competencia
tendrán igual valor que las practicadas por los funcionarios judiciales.”.

Derechos Humanos Internacionales

Derechos Humanos Internacionales

ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto. (Así reformado por ley No.4123 de 31 de mayo de 1968)

“Para que pueda hablarse de un tratado no solo tiene que ser concluido por personas jurídicas de derecho internacional debidamente representadas de conformidad con sus respectivos ordenamientos constitucionales o, en su caso fundamentales (dado que el primero se remite a los segundos íntegramente para determinar la capacidad de obligarse internacionalmente), sino que, además, en el caso de autos estas rigurosas exigencias de personalidad y personería jurídicas adquieren aún mayor importancia si se observa que el llamado Convenio de Sede cuya aprobación se interesa tiende él mismo a reconocer al Centro propuesto de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social personalidad jurídica en el territorio de Costa Rica” Sentencia 738-90

“Nótese que el procedimiento de ratificación de un tratado comprende la intervención del Presidente o de su Ministro en tres de sus fases. En primer término en la fase de negociación y de suscripción del instrumento. En segundo, luego de aprobado por la Asamblea Legislativa, al extender nuevamente su consentimiento y sancionar el Decreto Legislativo de aprobación y promulgarlo en el Diario Oficial. Finalmente al depositar el instrumento de ratificación ante el órgano que el tratado o convenio indique….una vez que el convenio o tratado ha ingresado a la corriente legislativa, también puede el Presidente manifestar a los Diputados su voluntad o criterio al respecto. De manera que la posibilidad que tiene éste de expresar su opinión en el campo de las obligaciones jurídicas públicas internacionales, es en extremo amplia.” Sentencia 6624-94

“La Constitución Política establece que la extradición será regu¬lada por la ley o por los tratados internacionales, de manera que no elige entre uno u otro, sino que deja eso a la discrecionalidad de los órganos correspondientes del Estado y de ahí que en nuestro país ha sido pacífica la tesis de que la legislación ordinaria de extra¬dición tiene aplicación a un caso concreto, en tanto haya omisión de parte del Tratado firmado con el Estado del que el requerido es nacional” Sentencia 6766-94

“En el orden interno el procedimiento y requisitos para la ratificación o adhesión son idénticos: aprobación legislativa, ratificación o adhesión por parte del Poder Ejecutivo, y depósito del documento de ratificación o adhesión ; y en todo caso, para la Asamblea Legislativa es aún menos cuestionable, ya que en ambos casos el acto legislativo solamente tiene por objeto “aprobar” el texto del tratado, levantando así un obstáculo para el acto del Poder Ejecutivo de ratificación o adhesión, que es el que pone en vigencia el tratado” Sentencia 3388-98

El uso del intercambio de notas diplomáticas para efectos de modificar un acuerdo aun no aprobado –como en este caso- resulta plenamente válido a la luz del Derecho Internacional y en nada se opone al ordenamiento constitucional interno, ya que deriva de la posibilidad de los Estados de negociar y transar en aquellos aspectos del tratado que sean de su interés, y cuya redacción o contenido en el instrumento original no resulte acorde con su ordenamiento constitucional o supranacional, o con razones de conveniencia y oportunidad, siempre y cuando sea llevado a cabo por autoridades competentes y antes de la aprobación del instrumento” Sentencia 3625-05

“Los instrumentos internacionales de derechos humanos integran el parámetro de control de constitucionalidad” Sentencia 7247-06

“Debe de entenderse que cuando se faculta la impugnación de disposiciones generales por infracción de las normas y convenios internacionales, lo son en tanto los mismos están referidos a la tutela de derechos fundamentales o del Derecho Comunitario” Sentencia 13924-06
“Cuando la Constitución Política le otorga al Poder Ejecutivo la atribución de dirigir las relaciones internacionales, y ejercer la iniciativa para tramitar ante la Asamblea Legislativa la integración de normas del Derecho Internacional al ordenamiento jurídico, le impone una gran responsabilidad, que requiere un cuidadoso y meticuloso ejercicio de las competencias constitucionales.” Sentencia 4836-08

“Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa y necesaria para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones.” Sentencia 10859-08

“Sobre esto debe agregarse que en tratándose de instru¬mentos in¬ter¬nacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dis¬pues¬to por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 Constitu¬cional tiene norma especial para los que se refieren a derechos hu¬manos, oto¬rgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurispru¬dencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Cos¬ta Rica, tienen no solamente un valor si¬milar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayo¬res derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución” Sentencias 2313-95, 3435-92, 5759-93.

“debe advertirse que si la Corte Intera¬mericana de Derechos Humanos es el órgano natural para inter¬pretar la Conven¬ción Ame¬ricana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuer¬za de su decisión al interpretar la convención y enjui¬ciar leyes naciona¬les a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera con¬sulta, tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada. No solamente valor ético o científico, como algunos han en¬tendido. Esta tesis que ahora sostenemos, por lo demás, está receptada en nuestro derecho, cuando la Ley General de la Administración Pública dispone que las normas no escri¬tas -como la costumbre, la jurisprudencia y los prin¬cipios generales del de¬recho- servirán para interpretar, integrar y delimi¬tar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, in¬tegran o delimitan…” Sentencias 2313-95

“la Sala manifiesta que las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país pleno valor y que, tratándose de Derechos Humanos, sus decisiones vinculan al Estado costarricense. De este modo, en la decisión N°2313-95 la Sala declaró inconstitucional el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, por vulnerar la libertad de pensamiento y de expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo en consideración lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la colegiatura obligatoria de los periodistas en la Opinión Consultiva N°OC-5-85 de 13 de noviembre de 1985 en el sentido que: “que la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Sentencias 1682-07, 3043-07, 4276-07

“En este aspecto hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los “instrumentos internacionales”, significando que no solamente convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro instrumento que tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país”. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de los trámites constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la fuerza normativa que le otorga la materia que regula. Otro tanto cabe decir de las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”, de la Organización de las Naciones Unidas, que aunque sean producto de reuniones de expertos o el trabajo de algún departamento de esa organización, por pertenecer nuestro país a ella, y por referirse a derechos fundamentales, tienen tanto el valor de cualquier normativa internacional que formalmente se hubiera incorporado al derecho interno costarricense. En este sentido puede citarse la sentencia N° 2000-07484, del veinticinco de agosto último, en que por virtud de un hábeas corpus formulado por un recluso, esta Sala condenó al Estado por violar esas Reglas Mínimas, particularmente por el hacinamiento y falta de higiene constatadas en un centro penitenciario. En esa misma fecha, también se estimó un recurso de hábeas corpus planteado en favor de unos ciudadanos panameños que habían ingresado al país con visa de turismo y que, según las autoridades de Migración, solamente permitía “fines de recreación” y que fueron sorprendidos ejerciendo una protesta pacífica ante las instalaciones de la Corte ínter americana de Derechos Humanos, donde pendía su caso, originado en alegadas violaciones a sus derechos por parte del Gobierno de la República de Panamá. Se les detuvo y se les iba a deportar, de modo que la Sala anuló las resoluciones que en tal sentido se habían dictado, porque, como se nota, sería absurdo que al ser Costa Rica sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se impida a quienes tengan pendientes casos ante ella, entre ellos extranjeros, expresarse en forma pacífica y pública a favor de los derechos que considere les asisten” Sentencia 9685-00

“De modo que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuanto los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sólo son aplicables en nuestro país en cuanto forman parte del Derecho de la Constitución, sino que en la medida en que brindan mayor cobertura o protección de los derechos aludidos, priman por sobre la Norma Fundamental”. Sentencias 1682-07, 4276-07

“… hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los “instrumentos internacionales”, significando que no solamente convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro instrumento de tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no hay sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de los trámites constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la fuerza normativa que le otorga la materia que regula. Otro tanto cabe decir de las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”, de la Organización de las Naciones Unidas, que aunque sean producto de reuniones de expertos o el trabajo de algún departamento de esa organización, por pertenecer nuestro país a ella, y por referirse a derechos fundamentales, tienen tanto el valor de cualquier normativa internacional que formalmente se hubiera incorporado al derecho interno costarricense (…)Dentro de ese orden de ideas, ha dicho la jurisprudencia de la Sala que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país pleno valor y que, en tratándose de Derechos Humanos, los instrumentos internacionales “tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución” Sentencia 2313-95

La aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país sirven en primer término, como lo indica la norma, como parámetros de decisión en los procesos de hábeas corpus y de amparo, pero en la jurisprudencia de la Sala también se acude a ellos en la decisión de cualquier asunto que se somete a su conocimiento y resolución, fundamentalmente porque el papel central que cumple, es el de garantizar el principio de supremacía de la Constitución, hoy, como se ve del artículo 48 citado, extendido más allá y por encima del mero texto constitucional. En este aspecto hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los “instrumentos internacionales”, significando que no solamente convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro instrumento de tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no hay sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de los trámites constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la fuerza normativa que le otorga la materia que regula. Otro tanto cabe decir de las “Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”, de la Organización de las Naciones Unidas, que aunque sean producto de reuniones de expertos o el trabajo de algún departamento de esa organización, por pertenecer nuestro país a ella, y por referirse a derechos fundamentales, tienen tanto el valor de cualquier normativa internacional que formalmente se hubiera incorporado al derecho interno costarricense. En este sentido puede citarse la sentencia N°2000-07484, del veinticinco de agosto último, en que por virtud de un hábeas corpus formulado por un recluso, esta Sala condenó al Estado por violar esas Reglas Mínimas, particularmente por el hacinamiento y falta de higiene constatadas en un centro penitenciario. En esa misma fecha, también se estimó un recurso de hábeas corpus planteado en favor de unos ciudadanos panameños que habían ingresado al país con visa de turismo y que, según las autoridades de Migración, solamente permitía “fines de recreación” y que fueron sorprendidos ejerciendo una protesta pacífica ante las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pendía su caso, originado en alegadas violaciones a sus derechos por parte del Gobierno de la República de Panamá. Se les detuvo y se les iba a deportar, de modo que la Sala anuló las resoluciones que en tal sentido se habían dictado, porque, como se nota, sería absurdo que al ser Costa Rica sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se impida a quienes tengan pendientes casos ante ella, entre ellos extranjeros, expresarse en forma pacífica y pública a favor de los derechos que considere les asisten. Sentencia 7498-00.

“…I).-La Unión Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión (ULCRA), es un organismo regional de consulta, coordinación, cooperación y promoción de la radiodifusión, de servicio público y sin ánimo de lucro, con características de entidad no gubernamental y sin personalidad jurídica, como se expresa con toda claridad en la parte considerativa del convenio. ULCRA se formó en Costa Rica como síntesis de una Conferencia de América Latina y el Caribe sobre Radiodifusión de Servicio Público, celebrada el veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y cinco, en la que concurrieron empresas, instituciones y organizaciones de radiodifusión de propiedad estatal, no gubernamental o mixta, sin fines de lucro (véase artículo 3 del Convenio).-
II).- El Convenio tiene como objeto, entre muchas otras cosas, dotar a ULCRA de personalidad jurídica plena a los efectos del Derecho Costarricense…” Sentencia 00173-91

En su artículo 20.1, dispone el Convenio:

…»El presente Convenio se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su firma y entrará en vigor definitivamente en la fecha en que por Canje de Notas Diplomáticas las Partes Contratantes se notifiquen el cumplimiento de sus formalidades constitucionales” Desde el punto de vista de la irrenunciabilidad de las potestades públicas, de la competencia constitucional de los poderes públicos, y la indelegabilidad de esas competencias y potestades, no es posible aceptar como válida la cláusula de comentario. En efecto, dentro del esquema constitucional costarricense, los convenios celebrados por el Poder Ejecutivo solamente pueden surtir efectos internamente una vez aprobados por la Asamblea Legislativa, de manera que todo acuerdo en contrario debe ceder ante esa disposición…” Sentencia 00557-91

“… la «Aprobación del Convenio de INTELSAT (Telecomunicaciones por Satélite)», firmado el 20 de agosto de 1971 (Expediente 10.527).- …10- El Acuerdo de 20 de agosto de 1971 es un verdadero convenio internacional a la luz de lo dispuesto por el artículo 7″ de la Constitución Política. En él se crea, con personalidad y capacidad jurídicas, una persona de derecho internacional que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), según sus artículos 11 a) y IV) a). Como se explica en el Preámbulo del Acuerdo, de conformidad con la resolución 1721 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es necesario que exista una red mundial de telecomunicaciones por satélite, a la que tengan acceso en condiciones equitativas, todos los Estados de la tierra…” Sentencia 01742-91

“…El derecho a recurrir en la Convención Americana, es aquella posibilidad de las partes de un proceso, para atacar una resolución jurisdiccional, cuando la considere ilegal y agraviante, a fin de que el Tribunal que la dictó u otro de grado superior ( alzada o casación) mediante un nuevo examen, la revoque, modifique o anule. Este derecho es autónomo de todo ser humano y no puede estar condicionado al monto de una pena impuesta por ley que es inferior a los tratados internacionales -artículo 7 de la Constitución…” Sentencia 1879-91

“… se debe revisar el artículo 17 del Código Penal cuestionado, a la luz de los instrumentos internacionales vigentes, que se refieren a la tutela de los Derechos fundamentales de los menores, propiamente en relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada en nuestro país por ley número 7184 del dieciocho de julio de mil novecientos noventa, la que establece, en lo que interesa:
«Artículo 1: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.»
Este artículo establece cuáles sujetos están protegidos por las normas específicas de la Convención y es indiscutible que es de aplicación a todos los menores de dieciocho años, salvo casos de excepción…” Sentencia 1982-94.

“…VI.- Por el contrario, el artículo 9 del tratado no se ocupó del tema de los
regímenes arancelarios de excepción, como los descritos, ni prohibió los que operaban al momento en los países signatarios, ni recluyó la posibilidad de constituir nuevos, sino que simplemente previó su homologación regional en un futuro «convenio Centroamericano especial sobre la materia». Por ello, la Ley #7012 de 4 de noviembre de 1985 no quebranta la jerarquía de los tratados como fuentes normativas, conforme al artículo 7 constitucional.»… Sentencia 0321-95.

“…La inclusión de la cláusula interpretativa arriba citada se basa en que, en la práctica, el procedimiento de enmienda tácita, del artículo VIII transcrito, es el empleado en la mayor parte de los casos por los Estados parte de la Organización Marítima Internacional, siempre y cuando se refiera a las disposiciones técnicas del Convenio (información de la página oficial de la Organización dicha, www.imo.org). A diferencia de lo estipulado por esta Sala en su sentencia #2005-3625 de las 14:54 horas del 5 de abril de 2005, no se estima que la cláusula interpretativa que aquí ocupa modifique el sentido del convenio, pues se limita a explicar la incorporación de la norma en el orden interno, amén de tratarse de una especificación formulada como reserva a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como más arriba se explicó…” Sentencia 08425-05

“… debe de entenderse que cuando se faculta la impugnación de disposiciones generales por infracción de las normas y convenios internacionales, lo son en tanto los mismos están referidos a la tutela de derechos fundamentales o del Derecho Comunitario; situación que no se da en este caso, por cuanto la infracción al orden Internacional que se alega, está referida de supuesto incumplimiento de una resolución internacional emanada de un órgano multilateral, como lo es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en consecuencia, los Estados que se sintieran agraviados por la decisión del Poder Ejecutivo en sus relaciones internacionales son quienes pueden presentar sus reclamos ante los órganos de las Naciones Unidas, y no ante esta jurisdicción interna como se pretende…” Sentencia 13924-06

“…el artículo primero es el que aprueba la adhesión del Gobierno de Costa Rica al Convenio internacional para la seguridad de la vida en el mar de 1974, convenio compuesto por sesenta y cuatro instrumentos internacionales que corresponden a sus protocolos y enmiendas. Su objetivo principal es especificar normas mínimas para la construcción, equipo y funcionamiento de buques, compatibles con su seguridad. Es un instrumento para regular los desarrollos técnicos en la industria de las embarcaciones, todo lo que se refiere a construcción, protección, dirección, extinción de incendios, seguridad de la navegación, transporte de carga y de bienes peligros, embarcaciones nucleares, de manejos de operaciones de seguridad, entre otros. Por lo expuesto, se trata de un instrumento del Derecho Internacional Público que no resulta contrario con los valores y principios constitucionales básicos del Derecho de la Constitución…”
Sentencia 18215-08

“…el artículo 7° de la Constitución Política de 1949, después de su reforma parcial por Ley No. 4123 de 31 de mayo de 1968, regula dos categorías de tratados y convenios internacionales, a saber: a) Los no referidos a la integridad territorial o a la organización política del país –párrafo primero- y b) los que sí tocan tales aspectos –párrafo segundo-. Para el primer tipo de tratados y convenios internacionales el Poder reformador no dispuso que fueran aprobados por un procedimiento agravado, como sí fue previsto para los contenidos en el párrafo segundo que requieren ser ratificados por una votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea y dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto, dada la trascendencia de la materia regulada y sus posibles efectos sobre la soberanía y la integridad territorial. Resulta claro que los tratados públicos y convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país están sometidos a un procedimiento agravadísimo de aprobación pautado por el propio texto constitucional, de modo que, obviamente, están sustraídos del procedimiento legislativo ordinario…” Sentencia 04570-08

“…Sobre este particular, debe este Tribunal señalar nuevamente, que la consulta resulta innecesaria, porque estamos frente a una normativa cuyos efectos son generales, o sea dirigidos a todas las personas, independientemente de su condición. Así las cosas, no nos encontramos ante el supuesto contemplado en el Convenio 169 de la OIT, precepto obligatorio para aquellas disposiciones que sean emitidas hacia el sector indígena particularmente, respecto de las cuales tienen el derecho a opinar previamente a su aprobación. El presente convenio, no está destinado al sector indígena, por el contrario, la uniformidad de criterios para determinar un lugar de depósito de microorganismos, ni siquiera pretende otorgar derechos de patente, ya que éstos serán verificados y otorgados en cada Estado parte correspondiente…” Sentencia 03154-08

…»El presente Convenio se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su firma y entrará en vigor definitivamente en la fecha en que por Canje de Notas Diplomáticas las Partes Contratantes se notifiquen el cumplimiento de sus formalidades constitucionales” Desde el punto de vista de la irrenunciabilidad de las potestades públicas, de la competencia constitucional de los poderes públicos, y la indelegabilidad de esas competencias y potestades, no es posible aceptar como válida la cláusula de comentario. En efecto, dentro del esquema constitucional costarricense, los convenios celebrados por el Poder Ejecutivo solamente pueden surtir efectos internamente una vez aprobados por la Asamblea Legislativa, de manera que todo acuerdo en contrario debe ceder ante esa disposición…” Sentencia 00557-91

“…El derecho a recurrir en la Convención Americana, es aquella posibilidad de las partes de un proceso, para atacar una resolución jurisdiccional, cuando la considere ilegal y agraviante, a fin de que el Tribunal que la dictó u otro de grado superior ( alzada o casación) mediante un nuevo examen, la revoque, modifique o anule. Este derecho es autónomo de todo ser humano y no puede estar condicionado al monto de una pena impuesta por ley que es inferior a los tratados internacionales -artículo 7 de la Constitución…” Sentencia 1879-91

“…La inclusión de la cláusula interpretativa arriba citada se basa en que, en la práctica, el procedimiento de enmienda tácita, del artículo VIII transcrito, es el empleado en la mayor parte de los casos por los Estados parte de la Organización Marítima Internacional, siempre y cuando se refiera a las disposiciones técnicas del Convenio (información de la página oficial de la Organización dicha, www.imo.org). A diferencia de lo estipulado por esta Sala en su sentencia #2005-3625 de las 14:54 horas del 5 de abril de 2005, no se estima que la cláusula interpretativa que aquí ocupa modifique el sentido del convenio, pues se limita a explicar la incorporación de la norma en el orden interno, amén de tratarse de una especificación formulada como reserva a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como más arriba se explicó…” Sentencia 08425-05

“… debe de entenderse que cuando se faculta la impugnación de disposiciones generales por infracción de las normas y convenios internacionales, lo son en tanto los mismos están referidos a la tutela de derechos fundamentales o del Derecho Comunitario; situación que no se da en este caso, por cuanto la infracción al orden Internacional que se alega, está referida de supuesto incumplimiento de una resolución internacional emanada de un órgano multilateral, como lo es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en consecuencia, los Estados que se sintieran agraviados por la decisión del Poder Ejecutivo en sus relaciones internacionales son quienes pueden presentar sus reclamos ante los órganos de las Naciones Unidas, y no ante esta jurisdicción interna como se pretende…” Sentencia 13924-06

“…el artículo 7° de la Constitución Política de 1949, después de su reforma parcial por Ley No. 4123 de 31 de mayo de 1968, regula dos categorías de tratados y convenios internacionales, a saber: a) Los no referidos a la integridad territorial o a la organización política del país –párrafo primero- y b) los que sí tocan tales aspectos –párrafo segundo-. Para el primer tipo de tratados y convenios internacionales el Poder reformador no dispuso que fueran aprobados por un procedimiento agravado, como sí fue previsto para los contenidos en el párrafo segundo que requieren ser ratificados por una votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea y dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto, dada la trascendencia de la materia regulada y sus posibles efectos sobre la soberanía y la integridad territorial. Resulta claro que los tratados públicos y convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país están sometidos a un procedimiento agravadísimo de aprobación pautado por el propio texto constitucional, de modo que, obviamente, están sustraídos del procedimiento legislativo ordinario…” Sentencia 04570-08

“…El control de convencionalidad es una construcción pretoriana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyo propósito fundamental es lograr la “supremacía convencional” en todos los ordenamientos jurídicos nacionales o locales del denominado “parámetro de convencionalidad”, conformado por las declaraciones y convenciones en la materia del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, las sentencias vertidas por esa Corte regional y sus opiniones consultivas. Constituye una revolución jurídica en cuanto le impone a los jueces y Tribunales nacionales, en especial, a los Constitucionales, la obligación de consolidar el “Estado convencional de Derecho”, anulando y expulsando del sistema jurídico nacional respectivo toda norma que confronte, irremediablemente, el “bloque de convencionalidad”. De esta doctrina, cabe resaltar dos cuestiones relevantes, que son las siguientes: a) El control de convencionalidad debe ser ejercido, incluso, de oficio, aunque las partes intervinientes no lo hayan instado o requerido y b) al ejercer el control de convencionalidad, los jueces y Tribunales Constitucionales, gozan del “margen de apreciación nacional”, sea como un todo que tiene plenitud hermética, para poder concluir si una norma nacional infringe o no el parámetro de convencionalidad; consecuentemente, no pueden hacerse análisis aislados como si el ordenamiento jurídico estuviere constituido por compartimentos estancos o segmentados. Cabe destacar que el margen de apreciación nacional es un concepto jurídico indeterminado que permite la convergencia y armonización del derecho nacional y del interamericano, estableciendo un umbral de convergencia que permite superar la relatividad de las tradiciones jurídicas nacionales…” Sentencia 4491-13

“…se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, normas provenientes del Derecho Internacional Público, lo cual ha expandido el “marco normativo” no solo para las partes procesales, sino también para los operadores jurídicos…Esto nos lleva al tema del “control de convencionalidad”, el cual no resulta ajeno a nuestro sistema, pues de una u otra forma este Tribunal lo ha ido implementando en forma paulatina durante los últimos años, de manera que puede afirmarse con certeza que la jurisprudencia constitucional se encuentra fundada no sólo en el reconocimiento de los derechos constitucionales, sino en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En este sentido, la línea jurisprudencial del Tribunal y la normativa internacional incorporada a nuestro ordenamiento o promulgada por el Congreso, ha elevado a pauta hermenéutica, el principio del interés superior del menor, el cual debe orientar toda la labor no solo de los tribunales nacionales, sino también de la Administración Pública y proyectarse sobre aquellas actividades de los sujetos privados que sean de interés público. En el caso de los tribunales nacionales, el control de convencionalidad les permite mantener “un diálogo” constante entre los sistemas nacionales de protección de derechos humanos y los sistemas internacionales. En el caso de la jurisdicción de familia, los jueces de la República, deben ejercer ese “control de convencionalidad” y aplicar las normas y principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para que se pueda hacer efectivo el principio universal según el cual la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales y los niños deben recibir la protección y la asistencia necesarias para lograr un adecuado desarrollo de su personalidad, de manera que posteriormente puedan asumir plenamente sus responsabilidades en la comunidad, como individuos independientes, imbuidos del espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad…” Sentencia 6120-13

“…Se desprende de tal norma constitucional, que toda actividad relativa a la protección, conservación y explotación de los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo marino, dentro de las zonas descritas por la norma y por los tratados internacionales, se regirá por los principios del Derecho Internacional. El propio constituyente incorporó el Derecho Internacional sobre el Mar al ordenamiento jurídico interno; dicho de otra manera, los principios del Derecho Internacional sobre la materia se aplican directamente y la norma o principio internacional tiene el valor de la norma constitucional, incluso superior en caso de insuficiencia o ausencia de esta. Además, el párrafo segundo hace alusión directa al deber del Estado de proteger y conservar todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de la zona de la jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea citada en el párrafo primero. Como se puede apreciar, dos son las excepciones al rango dispensado por el artículo 7 constitucional a las normas y principios del Derecho Internacional: a) el artículo 48 de la Constitución Política en relación con los instrumentos jurídicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconocido así por la jurisprudencia constitucional; b) lo dispuesto por el artículo 6 en cuanto a la regulación internacional sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, en este punto confrontaremos las normas legales impugnadas con las normas y principios del Derecho Internacional sobre el mar, conforme lo establece el artículo 6 constitucional…La actividad pesquera ha sido desarrollada por el hombre desde tiempos antiguos. Por esa razón, en el análisis del sub iudice resulta de especial interés hacer un somero repaso de la evolución del Derecho Internacional sobre el mar, dado que en los últimos 30 años este Derecho ha dado un giro de ciento ochenta grados, un cambio de dirección provocado principalmente por el Derecho Internacional Ambiental. Prácticas que otrora se consideraron lícitas y recomendables, hoy se oponen abiertamente a estos nuevos principios…” Sentencia 10540-13

“…en la citada sentencia se le impone al Estado de Costa Rica el deber de regular el desarrollo de la FIV, precisamente, para hacer posible la aplicación de esta técnica en nuestro país, NO QUE SE DICTE UNA SENTENCIA DE ESTA SALA NORMANDO ESTA TÉCNICA. Esa regulación, al estar de por medio derechos fundamentales, necesariamente tiene que ser mediante ley, toda vez que así lo impone el principio de reserva de ley (artículo 28 constitucional). Así las cosas, mientras la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo no emitan y sancionen una ley que regule la materia, no es posible exigir la aplicación de la técnica de la FIV, salvo que se vulnere, ni más ni menos, el numeral 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 28 constitucional y se contradiga la misma sentencia de la Corte; amén de que un acto de esa naturaleza se constituiría en una indebida interferencia de esa Sala en el proceso de ejecución de sentencia que está fiscalizando el Tribunal internacional de derechos humanos y en el proceso de cumplimiento de sentencia que han elegido el Poder Legislativo y Ejecutivo. Si bien este Tribunal no desconoce que la puesta en práctica de la técnica denominada FIV es considera por la Corte como un derecho, su ejecución tiene una serie de consecuencias que exige la regulación de esta materia mediante Ley formal, tal y como se indicó supra. Por tal razón, el recurso de amparo debe ser declarado sin lugar…” Sentencia 3715-14

“…El artículo 7 de la Constitución Política y el artículo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en conjunto, revelan un papel fundamental de la jurisdicción constitucional en establecer no solo el principio de supremacía de las normas y principios constitucionales, sino también la del Derecho Internacional, así como su uniforme interpretación y aplicación. Es por un acto, quizá reflejo, que la discusión de un asunto de esta naturaleza esté ligado el principio constitucional de la jerarquía normativa a la jurisdicción constitucional, pero sobre todo cuando debe resolverse con el universo de normas de derecho internacional vigentes en la República. En el caso de Costa Rica, por decisión del constituyente derivado en la reforma constitucional al artículo 7 en 1968, prevalecen los Tratados por encima de las normas ordinarias del sistema legal, lo que descarta toda discusión sobre la vigencia de esas normas con las leyes en el tiempo…” Sentencia 16583-14

“la obligada colaboración internacional que supone la extradición, no puede violentar derechos fundamentales que sí deben ser tutelados en esta sede, y al requerirse, en el proceso de extradición costarricense, la imputación del hecho punible (Artículos 7 y 9 de la Ley de Extradición), es exigible la existencia de la prueba de tal acusación para garantizar el debido proceso así como la norma contenida en el artículo 37 de la Constitución Política, que establece que nadie puede ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido un delito. Es entonces competente la Sala para verificar si se omitió o no el requisito de constatación de la prueba por parte del tribunal penal recurrido -que concedió la extradición, con el propósito de garantizar el debido proceso y cumplir los presupuestos de indicio comprobado (artículo 37 constitucional) y sin que ello suponga, de parte de este Tribunal Constitucional, un examen que de la prueba ha de realizar el tribunal penal competente.” Sentencia 11568-15

“el derecho y libertad de aprender es un derecho fundamental en el que deben procurarse los medios y garantías para que aquella sea excelente y accesible, de derecho y de hecho, a toda la población. Asimismo, a favor de los menores de edad, el derecho a la educación es reconocido en diversos instrumentos internacionales vigentes en nuestro país, con valor incluso superior a la leyes que les reconocen los artículos 7 y 48 de la Constitución PolíticA. Sentencia 13254-15

“…El artículo 7 de la Constitución Política y el artículo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en conjunto, revelan un papel fundamental de la jurisdicción constitucional en establecer no solo el principio de supremacía de las normas y principios constitucionales, sino también la del Derecho Internacional, así como su uniforme interpretación y aplicación. Es por un acto, quizá reflejo, que la discusión de un asunto de esta naturaleza esté ligado el principio constitucional de la jerarquía normativa a la jurisdicción constitucional, pero sobre todo cuando debe resolverse con el universo de normas de derecho internacional vigentes en la República. En el caso de Costa Rica, por decisión del constituyente derivado en la reforma constitucional al artículo 7 en 1968, prevalecen los Tratados por encima de las normas ordinarias del sistema legal, lo que descarta toda discusión sobre la vigencia de esas normas con las leyes en el tiempo. Así, con base en la argumentación de los accionantes debe determinarse, cuáles son los derechos internacionalmente reconocidos por los sujetos de derecho internacional, que no se estarían aplicando directamente en el país, o no se estarían materializando en las normas nacionales, pese a que existe un compromiso libremente aceptado por el Estado costarricense. Si se invoca una determinada norma del Derecho Internacional Público, éste, en efecto necesita estar señalado en el libelo de interposición, para lo cual el accionante, como interlocutor entre ese Tratado y el Estado costarricense, permita establecer claramente las consecuencias jurídicas, al dejarlo motivado y fundamentado en su libelo de interposición de la acción…” Sentencia 16583-15

Jerarquía Normativa

Jerarquía Normativa Costarricense

Derecho Costarricense: Jerarquía normativa

La Constitución es la ley superior del ordenamiento jurídico en Costa Rica. Esta posición se deriva de su carácter de única norma primaria, que emana del poder constituyente, del que dimana tanto su validez como su carácter imperativo. Frente a la Constitución todas las demás normas jurídicas tienen rango secundario.

El artículo séptimo de la Carta Magna confiere a los tratados internacionales autoridad superior a las leyes. Señala además que el recurso de amparo es un instrumento procesal para proteger a las personas de las perturbaciones y amenazas de violaciones de los derechos constitucionales y los estipulados en los tratados internacionales. La Ley de Jurisdicción Constitucional eleva los tratados a la categoría de parámetro del juicio de constitucionalidad respecto de las leyes y reglamentos.

La ley, elaborada por el poder legislativo, ostenta la representación del pueblo, constituye la expresión de la voluntad de este. Junto con la Constitución es la única que goza de directa legitimidad democrática, pues es producto de la voluntad popular.

El constituyente en Costa Rica no reconoce diferentes gradaciones dentro de la acepción misma de ley. Sin embargo, se han creado cuerpos normativos que unifican la legislación de instituciones y de órganos públicos como lo son las leyes orgánicas del poder judicial, de la Procuraduría General, de la Controlaría General de la República y del sistema bancario nacional.

De la misma forma se han redactado amplios códigos que compilan normativa sustantiva y procesal en áreas tan diversas como la civil, comercial, penal, familiar, fiscal y electoral. [1]

Recursos

Notas y Referencias

  1. Información sobre Jerarquía Normativa Costarricense en la Enciclopedia Online Encarta

Véase También

Familia

Familia

El número de los miembros de la familia

¿Cuál es el número normal de miembros de la familia? Muchos sociólogos y especialistas de la política de población rechazarán semejante planteamiento del problema. Guiados por el pensamiento liberal o socialista, se adhieren fundamentalmente al axioma neomalthusianista (véase, en esta enciclopedia jurídica, el término MALTHUS) de que el cálculo del número de hijos es cuestión de los esposos. De hecho, el concepto de una familia normal tiene poco sentido, si se la considera tan sólo en relación a sí misma, o si se la considera colectívistamente tan sólo como una parte del conjunto de planes sociales. Pero si se tiene en cuenta su función biológica y moral en la vida de la sociedad, entonces adquiere plena significación el concepto de un número normal de miembros de la familia o, lo que es lo mismo, de un número natural.

Efectivamente, la función biológica de la familia no deja lugar a duda sobre su magnitud natural. Un pueblo se verá reemplazado por su próxima generación, si la generación actual tiene un número igual de chicos y de chicas que al casarse más tarde tengan, a su vez, dos hijos. Ahora bien, no todos alcanzan la edad del matrimonio, sino que mueren más pronto; otros están impedidos de contraer matrimonio por sus enfermedades; otros se proponen miras más altas, que tan sólo pueden alcanzar libres de los vínculos familiares (véase, en esta enciclopedia jurídica, el término CELIBATO); otros, a su vez, no encuentran la persona con la que hubieran podido decidirse al matrimonio; y de los matrimonios que se llevan a efecto, no pocos se quedan sin descendencia por motivos voluntarios o involuntarios.

Por todas estas realidades que da la experiencia, resulta que un pueblo solamente podrá mantenerse si el número medio de hijos de las familia es el de tres o cuatro, y que éste ha de ser mayor si se quiere que aumente el número de población. Lo mismo demuestra la función moral de la familia como célula de la sociedad. En un sistema generalizado de uno o dos hijos, la familia no puede cumplir sus funciones de pedagogía social. El hijo único carece de la vida en comunidad con sus hermanos y, por consiguiente, de la educación para las virtudes sociales más importantes por medio de la vida en común con ellos. La mala educación del hijo único por el mimo excesivo de los padres es, por lo demás, un hecho corriente que muestra la experiencia; lleva esto consigo el fortalecimiento de una posesión egocéntrica del niño, en lugar de despertar la conciencia de los deberes sociales. El sistema de dos hijos lleva consecuencias semejantes: dos no forman una comunidad en la que se exija un mínimo de virtudes sociales del mismo tipo que la comunidad de tres, cuatro o más hijos.

Con un número mayor de hijos, éstos continúan siendo niños por más largo tiempo, tratan entre sí, saben entretenerse unos con otros e inventarse su medio de distracción, crean su propio mundo en el juego, aprenden inmediatamente, por experiencia, su incorporación a lo social. Por el contrario, cuando los hijos son tan sólo uno o dos, participan mucho más pronto en los pensamientos y en la vida de los mayores y se convierten en «precoces», lo que no es de desear ni corporal ni espiritualmente. Todo hace pensar, por tanto, que la familia necesita de un número normal de miembros, es decir, de un número mínimo de tres o cuatro hijos, incluso para el cumplimiento de su función moral como célula de la sociedad. Hasta aquí el dato sociológico. Por lo demás bueno es recordar que el amor y generosidad de los esposos normales va más allá del simple dato sociológico, y que de la rectitud de su conciencia depende su descendencia (véase, en la enciclopedia jurídica global, el término MATRIMONIO).